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09-01-2019
LA NUEVA CONSTITUCIÓN Y EL PODER JUDICIAL
LA NUEVA CONSTITUCIÓN Y EL PODER JUDICIAL
Por Tomás A. Pérez Bodria
Cuando hablamos de la necesidad de generar una nueva constitución nacional y no sólo de una reforma de la misma, es porque advertimos a partir del período negro que atraviesa la nación y buena parte de la región, la necesidad de buscar una respuesta que no se encuentre condicionada ni por preconceptos académicos, ni tampoco que sea el producto de una reacción desesperada.
Se trata, en cambio, de propiciar un debate en el seno de los muy diversos sectores que conforman nuestra sociedad, dando cuenta de lo imperioso que resulta pensar en una nueva organización del estado argentino, basada en el reconocimiento y profundización de los derechos humanos de primera, segunda, tercera y ya hasta de cuarta generación y en los valores fundamentales que evitarán las oscilaciones históricas sufridas por la nación, en cuya virtud el movimiento nacional aflora esporádicamente sobre una superficie tradicionalmente cubierta por los sectores minoritarios, oligárquicos y plutocráticos, como expresión igualmente de las disputas que nacen ya al tiempo de nuestra separación de España.
Por cierto que lo dicho no importa renunciar a los antecedentes históricos que llevaron a sancionar la constitución nacional en 1853 y sus reformas, incluída la del año 1994. Por el contrario, esa historia y de los antecedentes comparados, habrán de servir para la mejor comprensión de todo el proceso constitucional argentino. Sin embargo, será sin duda la constitución nacional de 1949, derogada por un bando militar del gobierno golpista (Proclama del 27 de abril de 1956), la que ha de eregirse en uno de los faros que destinados a iluminar el camino que debe culminar en la nueva carta magna de la nación (la función que asigna artículo 39 al sistema financiero y a los recursos y servicios el artículo 40, sin perjuicio de otros capítulos fundamentales, bastarían para justificar tal afirmación). Y entre los precedentes del derecho constitucional comparado, es indispensable inspirarnos los argentinos en las modernas constituciones, entre las que se destacan varias de la región. Entre ellas y por múltiples aspectos, habrá de ponderarse la de la hermana república plurinacional de Bolivia.
Despojados entonces de todo preconcepto y muy lejos de conformar grupos de estudio de cuyos senos emerjan fórmulas cerradas y ajenas a un masivo intercambio, cuanto se impulsa es ante todo la necesidad del debate y, luego, que cuanto resulte del mismo en el marco del más amplio recorrido sectorial, se lo envase del modo más prolijo y eficaz posible.
La configuración y sanción de esa nueva constitución, sólo será factible si es abrazada por las grandes mayorías populares por resultar el fruto de su propio protagonismo. Por lo tanto, cuanto provenga de los institutos y de los trabajos de las comisiones que impulsamos la misma, no debe tomarse sino como un mero enunciado de algunas ideas que perfilan un rumbo y que sólo pueden aspirar a tratar de instalar el debate pero jamás a darlo por cerrado.
Hemos dicho que la necesidad de una nueva constitución en la Argentina actual no es producto de un capricho o desvarío académico sino que, por el contrario, es fruto de dos experiencias vividas por la Nación. Por un lado la generada por los gobiernos que condujeron los destinos del país entre 2003 y 2015. Y, por el otro, el que lo tiene a su cargo a partir del 10 de diciembre de 2015. El primero recorriendo un sendero de restauración y creación de derechos, de distribución progresiva de los recursos, de inserción profunda en la región, de incentivo de la educación, la ciencia y la técnica, de potenciación de los espacios de independencia económica de la nación; en definitiva, la restauración de un rumbo que caracteriza el proceso nacional, popular y latinoamericanista que nace con la patria misma y no logró consolidarse en ninguna de sus breves apariciones a lo largo de nuestra historia. Y el otro, imponiendo (esta vez por una vía electoral de muy dudosa legitimidad) la restauración del modelo cuya impronta impone un rumbo contrario: el de la destrucción de derechos, el de la redistribución negativa de los ingresos, el de la desinserción del país de la región, el de la desatención de la educación pública, la salud pública, la ciencia y técnica, el de la renuncia a toda independencia económica y, claramente, el de la admisión indisimulada del rol que le asignen los factores de poder dominantes en el mundo. En este caso predominantemente los de carácter financiero, generando claramente lo que se ha dado en denominar un "neocolonialismo financiero". Sistema que, siendo por definición contrario a los intereses mayoritarios de la población, avanza sobre toda valla que emerja del estado de derecho.
En tal sentido advertimos que unos de los instrumentos fundamentales de que se valió la restauración neocolonial en la región y muy particularmente en nuestro país, fue el poder judicial. El otro, naturalmente, los medios concentrados de difusión, convertidos en grandes conglomerados económicos que pasaron a conformar directamente parte de ese poder dominante, conservador, de raigambre colonial y plutocrática. Ambas estructuras actuando de consuno mediante lo que se ha dado en llamar “lawfare” para poner en jaque a los gobiernos progresistas de la región, reemplazando a los viejos golpes militares, vienen resultando igualmente eficaces para deteriorar y/o derrumbar un sistema democrático respetuoso del estado de derecho. Mecanismos que según se detectara en los últimos tiempos, logran el máximo de efectividad por las facilidades que ofrecen para instalar las denominadas fake news o noticias falsas, las redes sociales manejadas a sus anchas por los impulsores de candidatos que por estrambóticos que aparezcan, logran ser impuestos con el apoyo de buena parte de la misma población afectada.
La neutralización de estos mecanismos de difusión masiva de falsedades debe componer la agenda instrumental del campo nacional y popular para lograr retomar el gobierno y, una vez en él, aparece como imperioso el establecimiento en el nuevo texto constitucional de mecánicas defensivas tan adaptables y ágiles como las que demanda la velocidad de cambio de esos mecanismos. En este marco la libertad de prensa como uno de los derechos fundamentales en una democracia debe asegurarse, democratizándose los medios de difusión y escindiéndo de modo contundente el derecho a la libertad de expresión del de la libertad de empresa de medios, que no sólo no conforma un derecho sino que conculca el que sí lo es.
Respecto del poder judicial se impone una profunda reestructuración que deje definitivamente de lado su concepción contramayoritaria y su carácter aristocrático y de reminiscentes notas monárquicas.
Es precisamente la Constitución de la república plurinacional de Bolivia la que, en materia judicial, nos propone un modelo único en el mundo y cuya amplitud alcanza no sólo una profunda democratización, sino la aceptación de las normas ancestrales de los pueblos originarios para el tratamiento de los conflictos producidos entre sus integrantes.
Pero el dato distintivo que en la materia exhibe la constitución boliviana, es haberse convertido en la única nación en el mundo que elige a los integrantes de los estamentos superiores de su poder judicial (Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura) a través del voto directo de los ciudadanos bolivianos. Existen otros estados que adoptan tal sistema, pero sólo para integrar tribunales inferiores.
Entre las características principales del modelo boliviano, cabe destacar el de la prohibicion de las campañas electorales, quedando la publicación de los méritos de los candidatos y de los candidatos a cargo exclusivo del Órgano Electoral.
Además los mandatos se otorgan por un plazo determinado, que se fija en seis años y sin posibilidad de reelección.
Encontramos allí, entonces, una guía de sumo interés para la redefinición de la estructura del poder judicial en la nueva Constitución. Modelo que no sólo democratiza profundamente este poder del estado, sino que lo hace dando respuesta a las críticas más serias de los detractores del sistema de elección popular de los jueces que, en su mayor parte se refieren al funcionamiento de los sistemas vigentes en otras latitudes -Suiza y cuatro estados de EE.UU. con los más destacados- ; a saber:
1) Que requiriéndose la realización de campañas electorales, tal como es propio de toda elección en la mayoría de los países, los candidatos que cuenten con mayor apoyo económico tendrán mejores posibilidades y, al mismo tiempo, una vez en el cargo, perderán imparcialidad en aquellos casos en que puedan participar sus financistas, que no siempre aparecen a la luz pública.
Pues bien, precisamente la prohibición de todo tipo de campaña electoral tiene por objetivo impedir dicho mal. En la República Plurinacional de Bolivia se va ya por la segunda elección de jueces lo que da cuenta que, aún con los lógicos problemas de toda implementación, el sistema funciona de modo aceptable.
2) Que dependiendo la continuidad en los cargos del favor popular, los magistrados tenderán a privilegiar circunstanciales posiciones expresadas por la opinión pública por sobre la fiel sujeción al derecho en sus fallos.
Crítica esta que pierde toda entidad frente a la prohibición de la reelección de los magistrados. Removida tal posibilidad, en todo caso, la referida presión no será distinta a la que reciben los jueces no electos directamente, debiendo ajustarse debidamente también los mecanismos de remoción para acentuar este rasgo virtuoso que emana de la novedosa herramienta.
3) Finalmente se dice que la elección popular jaqueará la dependencia del poder judicial en relación a los otros dos poderes del estado, en virtud de la necesaria politización que generará la elección popular de sus miembros.
Aquí vale de una vez por todas dar por tierra con este latiguillo tan meneado de los jueces acépticos de toda posición política. La misma no existe, cualquiera sea la mecánica utilizada para la conformación del poder judicial. La reforma boliviana extrema los reaseguros que garanticen la separación real de los poderes con el mayor grado de independencia posible, prohibiendo la participación partidaria, militancia y ocupación de cargos partidarios de los postulantes con determinada antelación al acto eleccionario judicial. Es decir que prohibe el compromiso del candidato con un partido político, pero no lo imposible e incluso lo indeseable, cual es la ajenidad a toda postura política de los jueces. La ficción del juez apolítico que sostenemos entre nosotros, ha quedado suficientemente desacreditada en los hechos como para seguir insistiendo en ello. Parece mucho más sano y valedero para la sustentación de un sistema democrático que se refleje en todos los poderes del estado, hacer hincapié en los mecanismos de preselección de los candidatos que participarán de la contienda electoral y de los de destitución, para consagrar la debida pluralidad política en la composición del poder judicial, sin dañar el principio de independencia que le atañe.
Cabe pues debatir, bajo las condiciones peculiares de nuestro país, estos nuevos modelos democratizadores del poder judicial. Poner bajo el prisma de nuestra propia realidad los modelos de preselección y destitución, los plazos de duración de los mandatos, si la elección popular directa se puede constituir también en un instrumento aplicable a los tribunales inferiores del poder judicial o sólo, como en Bolivia, a los superiores, etc. Cuanto aparece ineludible, a la luz de la ya larga experiencia adquirida por su funcionamiento en nuestro país, en la región y en casi todo occidente desde la consagración constitucional de la división de poderes en las repúblicas, es la necesidad de acentuar la democratización del poder judicial. No se ha plasmado durante todo este tiempo ninguna evidencia que la designación por vía indirecta de los magistrados, su permanencia indefinida en los cargos-inamovilidad- y la llamada intangibilidad de sus ingresos, haya robustecido el objetivo de su independencia en relación a los otros poderes del estado y en orden a las factores externos de presión. Muy por el contrario, tales elementos coadyuvaron a la consolidación de un carácter endogámico, con notas monárquicas y aristocráticas en su conformación y funcionamiento que, como es lógico, se caracterizaron por obstruir todo proceso de cambio impulsado en el seno de nuestra sociedad. La reinvindicación del derecho del pueblo de administrar justicia, puesto que se trata de una función de gobierno, eligiendo directamente a los magistrados a los que le encomienda la misma, aparece como inescindible de la urgencia con que se deben desterrar las perversiones de su funcionamiento actual.
Quedan, por cierto, abiertas al debate una cantidad de cuestiones adicionales para mejorar el funcionamiento de este poder del estado. Entre ellas la modificación del control de constitucionalidad de los actos que, actualmente está en cabeza de cualquier juez del país y adquiere validez sólo para el caso concreto, para explorar la conveniencia de ponerla en manos de un Tribunal Constitucional Nacional. Y en este terreno, si la reformulación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, su conformación en salas y cantidad de los miembros que la deben componer, son aspectos dignos de adunarse al texto constitucional o deben proseguir sujetos a la disposición de una ley. Será todo ello materia de discusión, entre tantos otros temas que hacen al mejor funcionamiento de este poder sobre todo si, como aconsejan los tiempos modernos, se otorga al nuevo texto constitucional un mayor rasgo de flexibilidad.
Una Consititución es el producto de un proceso político, social y económico que va dibujando un determinado perfil de organización de la sociedad y no al revés. Así ocurrió siempre. Las reformas que diseñaron el denominado constitucionalismo social, como la mejicana de 1917, la italiana de 1947 y, sobre todo, la argentina de 1949, emergieron de tal derrotero. De igual modo ocurre con las que, como la boliviana, van diseñando el nuevo constitucionalismo democrático y pluralista.
Estos procesos se afirman cuando a lo largo de la historia emergen por diversos procesos y circunstancias, gobiernos que ponen sobre el tapete las disputas de intereses que reinan en el seno de las sociedades. Este rol lo cumplieron en nuestro país los gobiernos de Néstor y Cristina. Hicieron visible una grieta que los precedió y los continúa, dejándola igualmente abierta y expuesta la administración macrista, que puso proa en dirección contraria. Sin duda, como militantes del campo nacional y popular, trabajamos para definir la pulseada en favor del mismo y, una vez alcanzado ese magno triunfo y su consecuente período de estabilidad, se tornará necesario contar con una Constitución Nacional que refleje del mejor modo posible las nuevas reglas de juego.
Finalmente es necesario destacar, a la luz de las enseñanzas de las experiencias recientemente señaladas que en nuestros países han corroído las bases mismas de la democracia, la necesidad de reformular y transparentar los mecanismos de representación política que nos rigen. El apartamiento ostensible de los rumbos prometidos en las campañas electorales, la denominada borocotización de los representantes electos, etc., deben encontrar una respuesta adecuada en el próximo texto constitucional en la consagración de las bancas como propias de la fuerza política que tuvo al candidato en sus listas y en mecanismos de democracia simidirecta que, en correlación con los avances tecnológicos de nuestro tiempo, dejen de limitar la participación popular a los meros actos electorales.
Es por ello que, seguros como estamos de que a pesar de la preeminencia actual de las derechas más retrógradas en la región ese triunfo del campo nacional, popular, latinoamericanista y democrático está cercano, debemos esforzarnos en conseguir que nuestro pueblo visibilice la necesidad de darse nuevas reglas de convivencia y ayudarlo en cuanto esté a nuestro alcance para esbozarlas y concretarlas.







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