Preguntas Frecuentes
¿Cuál debe ser la primera medida tomar por quien resulta víctima de una accidente de tránsito o, sus familiares en caso de fallecimiento o gravísima lesión de la víctima?

Debe consultar a un abogado de su confianza, desechando los consejos que seguramente intentarán brindarle abogados desconocidos, policías, empleados de hospitales y clínicas en las que son atendidos o de las empresas de servicios fúnebres. Estas personas cometen graves irregularidades cuando intervienen ofreciendo un abogado para el caso. Debe saber que existe una enorme cantidad de organizaciones que componen personas inescrupulosas ligadas muchas veces a esas actividades y que sólo tienen por objetivo la concreción de un espúreo negocio a costa de los padecimientos sufridos por las víctimas de los accidentes de tránsito. Sólo un abogado de extrema confianza o ampliamente recomendado por personas de su círculo, que cuente con la experiencia necesaria en la materia, es el indicado para brindarle el mejor asesoramiento. Y cuanto mas temprana sea su intervención, mejor resguardados estarán sus derechos.


¿Puede una persona a la que se la somete a un acto médico cuyo resultado no le satisface, reclamar una indemnización por mala praxis médica?

Si la persona luego de la práctica médica sufre un menoscabo en su salud y el mismo obedece directamente a la forma negligente, imperita o imprudente en que aquella fue llevada a cabo, puede iniciar una acción de daños y perjuicios por mala praxis médica. Habrá de establecerse en el curso de la demanda, mediante la prueba pertinente, si efectivamente la prestación médica estuvo viciada y, por ende, resulte la obligación de responder por parte de los médicos que la prestaron, del hospital o clínica en donde se la practicó y de la obra social que cubrió la prestación. Actualmente existe una clara tendencia jurisprudencial que abre paso a este tipo de demandas, colocando a la responsabilidad profesional en un pie de igualdad con la responsabilidad civil en general.


¿Qué derechos se le reconoce a quien resulta víctima de un delito en la Provincia de Buenos Aires?

El nuevo código procesal panal sancionado mediante la ley 11.922 en septiembre de 1998, incorporó en su art. 83 "los derechos y facultades de la víctima", situación que ocurre por primera vez en una norma procesal en el ámbito bonaerense. Entre estos derechos y facultades, resultan de especial interés los siguientes: el recibir un trato digno y respetuoso, a la plena información del curso de la investigación y su resultado, a la protección de su seguridad y de sus familiares y de los testigos que declaren en su interés, a requerir el inmediato reintegro de los bienes que les hayan sido sustraídos y a que cese el estado antijurídico producido por el delito, a pedir la revisión de la desestimación de la denuncia y a reclamar ante su superior por la demora en la tramitación por parte del fiscal.
Además, quien resulta damnificado de un hecho ilícito puede coadyuvar directamente en la investigación, constituyéndose como particular damnificado -art. 77 del mismo código-, estando en condiciones de ofrecer prueba, trabar embargos, etc.
Se ha establecido el funcionamiento, dentro de la órbita de la Fiscalía General de cada departamento judicial, de una oficina de atención a la víctima, precisamente para imponer a las mismas debidamente de los derechos que se les reconoce en el código. Sin embargo, debido a las falencias estructurales y de presupuesto del Poder Judicial provincial estas oficinas, pese a la buena voluntad de los funcionarios, funcionan en la mayoría de los casos con serias deficiencias. Por ello, una vez más, resulta ideal también aquí acudir a su abogado de confianza especializado en materia penal, por ser quien mejor capacitado se encuentra para asesorarlo sobre estos derechos y representarlo en el proceso.


¿Qué recaudos debe tomar un comerciante que vende mercadería a un desconocido que la quiere abonar mediante cheques diferidos?

Obviamente, lo ideal es no entregarla hasta que la totalidad de los cheques se encuentren cobrados. Sin embargo, es sabido que el giro comercial impone en muchas oportunidades la entrega contra los cheques diferidos, puesto que de lo contrario se perderá la operación. Esta es, además, la razón de existir de estos documentos. Pues bien, lo sensato resulta agotar todas las averiguaciones que pueden brindar los distintos bancos de datos que existen en la actualidad. Y, por otra parte, pedir por escrito a la entidad bancaria sobre la que se habrán de librar los cheques, los antecedentes de la cuenta respectiva. Esto no sólo brindará un dato de importancia adicional para la evaluación de la solvencia del comprador sino que posibilitará, en caso que la institución bancaria haya omitido al abrir la cuenta corriente en cuestión el acabado cumplimiento de los requisitos que exige el Banco Central de la República Argentina para la apertura de cuentas corrientes mediante la circular OPACI-2 y los cheques resulten finalmente rechazados, dirigir acciones resarcitorias contra la misma entidad bancaria por haber violado el deber de seguridad ínsito a su actividad. En el caso de las cuentas corrientes abiertas a partir del 27 de marzo de 2001 en que entra en vigencia la ley 25.413 (de competitividad), en cuanto su art. 8 establece que las condiciones de apertura y las causales para el cierre de cuentas corrientes serán establecidas por cada entidad bancaria en cada uno de los contratos que formalicen con sus clientes, cabrá analizar la responsabilidad de cada banco en función del establecimiento de tales condiciones y de la forma en que se las constató.

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